Mientras que el control concentrado se encarga de analizar la constitucionalidad y convencionalidad de las leyes reclamadas por los quejosos, el control difuso se encarga de que un tribunal administrativo que no forme parte del Poder Judicial de la Federación, desaplique normas que contravengan los derechos humanos de la parte actora, aún y cuando ésto no forme parte de la litis, es decir, resolver la legalidad del acto impugnado.