¿QUÉ ES LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO?

Anuncios Patrocinados

La apariencia del buen derecho o también llamada fumus boni iuris” o “Smoke of a good right”, es uno de los principios del derecho más interesantes e importantes que da origen a la famosa medida cautelar denominada suspensión del acto reclamado.

Dicho principio consiste en que de existir una presunción por pequeña que esta fuera, sobre la existencia de una base o fundamento legal para prevenir la consumación irreparable de un daño que pudiese sufrir un particular, el Juzgador debía decretar alguna medida cautelar con el fin de salvaguardar el acto reclamado.

Lo que a continuación podrás observar es que dicho principio no siempre ha sido utilizado de la misma manera por el juzgador, pues se necesitaron jurisprudencias y contradicciones de tesis para que al final, el legislador supiera cuál era la manera correcta de aplicar y utilizar dicho principio.

En ese sentido, el día de hoy analizaremos el famoso fumus boni iuris”, así como su fundamento legal y constitucional, finalmente, aportaremos una conclusión sobre lo que para nosotros es la apariencia del buen derecho. Recuerda que si este artículo te resulta de utilidad, no olvides compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos puedan beneficiarse con este trabajo 🙂

SUMARIO:

·             BREVE PERO INTERESANTE HISTORIA SOBRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.

·             ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO?

·             ¿QUÉ ES LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO?

·             ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO EN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE UN JUICIO DE AMPARO?

PALABRAS CLAVE DE BÚSQUEDA WEB: que significa cautelar en derecho ; introduccion al juicio de amparo ; la apariencia del buen derecho ; articulo 107 constitucional ; que es una medida cautelar en derecho penal ; ejemplos de medidas cautelares ; ejemplos de medidas cautelares en materia penal ; periculum in mora significado ; la suspensión ; fumus boni iuris ; principios fundamentales del juicio de amparo ; bien ganancial ; habeas corpus ; fumus boni iuris e periculum in mora novo cpc ; informe previo en el juicio de amparo ; Soy abogado ; estrategias de marketing digital ; frases de abogados ; como captar clientes abogado; estrategias para captar clientes ; donde puede trabajar un abogado ; estrategias para conseguir clientes ; como poner un despacho juridico ; captar clientes ; estrategias para atraer nuevos clientes ; mi despacho juridico ; paginas web de abogados ; case tracker ; my status uscis ; legal software ; new tracks ; visa status ; my case status uscis ; my case status ; case management software ; number tracker ; lemontech chile ; crear pagina web para negocio ; me recibi de abogado y ahora ; abogado recien recibido como empezar ; abogados de accidentes ; abogados de accidentes ; paginas web abogados ; lic en linea ; como ser un buen abogado ; abogado ; abogado y licenciado es lo mismo ; que es un abogado civil ; cual es la diferencia entre abogado y licenciado ; oficina de abogados ; como conseguir abogado gratis ; abogado en ingles ; función del abogado ; derecho para no abogados ; abogados de accidentes de auto ; abogados despidos ; despachos de abogados madrid ; derecho para no abogados ; todo para el abogado ; porque estudiar derecho ; donde estudiar derecho en españa ; todo sobre licenciatura en derecho ; grado en derecho a distancia ; master de abogacia a distancia ; grado en derecho online barato ; master abogacia a distancia ; se puede estudiar derecho a distancia ; derecho al internet ; tareas juridicas ; que significa tener derechos y obligaciones ; blog de justicia ; principios generales del derecho unam
  • BREVE PERO INTERESANTE HISTORIA SOBRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.

La apariencia del buen derecho es uno de los principios del derecho más controvertidos, originalmente se le denominaba como fumus boni iuris” o “Smoke of a good right”, que en escencia es traducido al español como el “humo del buen derecho”, que consiste en que de existir una presunción por pequeña que esta fuera, sobre la existencia de una base o fundamento legal para prevenir la consumación irreparable de un daño que pudiese sufrir un particular, el Juzgador debía decretar alguna medida cautelar con el fin de salvaguardar el acto reclamado.

Algunos ejemplos de estas medidas cautelares son los protective measures, injuctions o legal aid” en los Tribunales Europeos o la famosa “suspensión del acto reclamado” en México y algunos países latinoamericanos, con el fin de salvaguardar el acto reclamado, sobre todo en materia penal.

La aplicación de la apariencia del buen derecho como la vemos hoy en día en la Ley de Amparo, no es tan antigua como algunos pudieran pensar, en el pasado, el simple hecho que un juzgador analizara la inconstitucionalidad para resolver la suspensión del acto reclamado, era considerado incorrecto, pues técnicamente se pensaba que al ser la suspensión un juicio que corre por cueda separada, no podía analizarse el fondo (la ilegalidad del acto) para decretar o no la medica cautelar.

De hecho, el primer antecedente que tenemos que generó las bases para comprender cómo hoy en día la apariencia del buen derecho es un requisito necesario para decretar la suspensión del acto reclamado, fue en el año 1993, donde el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el incidente de revisión 2233/93 dio lugar a la tesis aislada I.3o.A 125 K, tesis en la cual se determinó la factibilidad de conceder la suspensión de los actos reclamados en los casos en que el Juzgador considerara que los actos son aparentemente constitucionales, ello en la visión de que la suspensión del acto reclamado es una medida conservativa, lo anterior, lo puedes observar en la siguiente transcripción:

“SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS PROCEDE CONCEDERLA, SI EL JUZGADOR DE AMPARO SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, CONSIDERA QUE LOS ACTOS SON APARENTEMENTE INCONSTITUCIONALES.

Para decidir sobre la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, debe tomarse en cuenta que la suspensión tiene como objeto primordial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día – lejano, en muchas ocasiones- declare el derecho del promovente, pueda ser ejecutada, eficaz e íntegramente; y para lograr este objetivo en el capítulo III, del título segundo, del libro primero, de la Ley de Amparo, se contienen una serie de disposiciones legales encaminadas todas ellas a conservar viva la materia del amparo, sin afectar intereses de terceros ni de la sociedad, dentro de esas disposiciones legales se prevé, desde la suspensión automática de los actos hasta el tomar las medidas que estime convenientes el juzgador de amparo, para que no se defrauden derechos de terceros, evitando perjuicios a los interesados hasta donde sea posible, esto lleva implícito no sólo la suspensión (paralización de los actos reclamados), sino la existencia de otras medidas cautelares, tales como poner a un reo en libertad o levantar un estado de clausura ya ejecutada (criterio sustentado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación), estos actos llevan implícito un adelanto de la efectividad de la sentencia de fondo que puede un día ser favorable. Esta suspensión de los actos que adelanta la efectividad aunque sea de manera parcial y provisional, de la sentencia de amparo, se encuentra perfectamente justificada con la preservación de la materia de amparo y el evitar que se causen daños y perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso. Para que se otorgue la suspensión es necesario que se den los requisitos del artículo 124 de la ley de la materia que son: que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Cuando se den estos tres requisitos la medida cautelar deberá concederse, procurando el juzgador de amparo fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio (último párrafo del citado artículo). Ahora bien, habría que preguntarse cómo el juzgador de amparo va a considerar que se cumplen los requisitos antes mencionados y cómo va a procurar fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, la respuesta lógica y jurídica es mediante el análisis de la demanda de garantías y los anexos que se acompañan, tratándose de la suspensión provisional, y mediante el análisis de la demanda de amparo, los informes previos y las pruebas que aporten las partes, tratándose de la suspensión definitiva, porque dentro de las disposiciones que regulan este incidente de suspensión, se contempla la posibilidad de probar, con ciertas limitaciones propias de un procedimiento sumario, pero existen pruebas dentro del incidente que deben ser tomadas en consideración, siguiendo los principios que rigen cualquier procedimiento, todo esto deberá ser tomado en consideración por el juez de Distrito para decidir si concede o niega la suspensión definitiva, para efectos prácticos podemos decir que debe tomar en cuenta todo lo que contiene el cuaderno incidental que se forma por separado del principal. Además, de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Federal para el otorgamiento de la suspensión se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, para determinar esa “naturaleza de la violación alegada” (aparte obviamente de la certeza de actos), es que se estableció un sistema probatorio, con limitaciones como dijimos, dentro del incidente de suspensión, por lo que apreciar la legalidad de un acto para otorgar la suspensión, es acorde con lo establecido por el legislador federal. En este orden de ideas, el juez de amparo siendo perito en derecho, no puede dejar de advertir en el incidente de suspensión, las irregularidades legales que contienen los actos reclamados, sin realizar un estudio profundo o desviarse a cuestiones propias del fondo (como son las causales de improcedencia del juicio de garantías), simplemente de la lectura de la demanda, de los informes previos o de las pruebas aportadas, salta muchas veces a la vista la ilegalidad de los actos reclamados, ilegalidad que deberá sopesar al estimar que la suspensión de dichos actos puede ocasionar perjuicio al interés social o al orden público, en cuyo caso si el perjuicio al interés social o la contravención al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negar la suspensión solicitada; no por el hecho de que el juzgador no advirtió la ilegalidad del acto reclamado, sino porque el interés de la sociedad y la preservación del orden público están por encima del interés del particular afectado. Pero cuando el juzgador de amparo sopesa la ilegalidad (aunque sea presuntivamente) del acto reclamado con los intereses sociales y el orden público, y llega a la convicción de que la suspensión de aquél en nada perjudica el interés social ni contraviene el orden público, debe otorgar la medida cautelar para no ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y para conservar viva la materia del amparo. Hay innumerables ejemplos de actos (presumiblemente ilegales) contra los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado procedente la medida cautelar, inspirada sin lugar a dudas, en el principio doctrinal fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, esto es, que el derecho legítimamente tutelado de quien solicita la suspensión existe y le pertenece, aunque sea en apariencia; así como en las palabras de Chiovenda de que “El tiempo necesario para obtener la razón no debe causar daño a quien tiene la razón”, es decir, si el particular tiene razón y de todos modos debe ir a tribunales para lograrla, esos años que se tarde en conseguirla, mientras dura el litigio, sus intereses deben estar protegidos por la suspensión, mientras se desarrolla un litigio en que pelea contra la administración pública para lograr que, a la postre, se le restituyan sus derechos. Con base en esto, podemos afirmar que cuando un acto reclamado es inconstitucional en sí mismo, como podría ser la orden para torturar al quejoso, la suspensión se otorgará de inmediato para que cese o se suspenda el acto inconstitucional reclamado, cuando el acto no sea inconstitucional en sí mismo, como la orden de aprehensión, se concederá la suspensión cuando apreciando el acto y teniéndolo por cierto o presuntivamente cierto, las características que lo rodean lo hacen inconstitucional, como sería que dicha orden hubiese sido emitida fuera de procedimiento judicial por autoridad que carece de facultades para emitirla. Y existe otra clase de actos reclamados que también son susceptibles de suspenderse que son aquellos cuya ilegalidad queda probada en la tramitación del incidente de suspensión, aunque sea de manera presuntiva, indiciaria o aparente, ilegalidad que para el juzgador de amparo, que es perito en derecho, es muy probable o certera, por lo que teniendo a su cargo proveer sobre la suspensión para conservar la materia del juicio de garantías y evitar que se le causen al quejoso daños y perjuicios de imposible o difícil reparación, deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante que, podrá cambiarse al dictar la sentencia de fondo. Esto es, el juzgador de amparo al analizar las constancias que obran en el cuaderno incidental, para decidir sobre la certeza del acto y la suspensión de aquél al resultar cierto, no puede dejar de percatarse de la ilegalidad que reviste el acto reclamado, puesto que necesariamente, para poder decidir sobre el otorgamiento de la medida cautelar, tendrán que hacerse consideraciones sobre “el fondo del negocio”, aunque éstas sean limitadas y con las reservas probatorias lógicas que puedan darse, consideraciones que pueden ser provisionales y siempre sin prejuzgar sobre la resolución final, pero que para efectos exclusivos de la suspensión, no es lógico ni jurídico ni justo que se reserve la convicción (provisional y anticipada pero al fin convicción) de que el acto reclamado es ilegal y que los daños y perjuicios de difícil o imposible reparación que sufra el quejoso, si se le niega la suspensión, se derivarán precisamente de la ejecución del acto administrativo ilegal. Es cierto que la apreciación necesaria sobre el buen derecho del promovente (para que pueda decirse que se ve afectado por un acto arbitrario), anticipa el fondo del juicio principal, pero no hay que olvidar que lo adelanta sólo provisionalmente, es decir, sin prejuzgarlo, y además, no lo adelanta más que en la propia concesión de la suspensión, que siempre tendrá un carácter temporal, sin más efecto que mantener las cosas en el estado en que se encuentran, retardando en el peor de los casos, la ejecución del acto de autoridad, pero salvaguardando la materia del juicio constitucional que siempre de una forma u otra, versa sobre el respeto de los derechos públicos subjetivos de los gobernados. Este criterio es apegado a las disposiciones legales que rigen el incidente de suspensión en materia de amparo, en virtud de que si el juzgador se “convence provisionalmente” de que el acto reclamado es ilegal, y se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, deberá otorgar la suspensión del acto reclamado, fijando la situación en que habrán de quedar las cosas, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, en caso contrario, esto es, que no se cumplan dichos requisitos, el juzgador negará la suspensión aunque estime que el acto es legalmente irregular. Es muy importante mencionar que no es obstáculo para sostener el criterio antes expuesto, la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número mil novecientos, visible en la página tres mil sesenta y seis, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, que dice: “SUSPENSION, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO. Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo”; toda vez que dicho criterio, según se aprecia de los precedentes, se basó en que el estudio de la suspensión del acto reclamado debe realizarse a la luz de las disposiciones legales contenidas en el capítulo III, del título II, del libro primero, de la Ley de Amparo, y el criterio sostenido por los suscritos en el presente fallo se encuentra apegado a dichas disposiciones, puesto que la ilegalidad, en su caso, del acto reclamado, el juez de amparo la advertirá de la demanda de garantías, los informes previos y las pruebas aportadas por las partes en el incidente de suspensión, sujetándose en todo momento para conceder la medida cautelar a los requisitos y demás disposiciones legales que rigen dicho incidente de suspensión.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.”

(Tesis I.3º.A 125K. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Marzo de 1994, Octava Época, Pág. 473. Tesis 213282)

En contra del criterio antes transcrito, el amparo en revisión 358/91 al igual que los amparos en revisión 288/90, 245/91, 450/91, 467/94, al resolverse dieron origen a la jurisprudencia VI.2º. J/347 misma que señalaba todo lo contrario a la anterior:

SUSPENSION, MATERIA DE LA. DIFIERE DE LA DEL JUICIO.

Al resolver sobre ella no pueden estudiarse cuestiones que se refieran al fondo del amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.”

(Tesis VI.2º. J/347. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 85, Enero de 1995. Octava Época. Página 86. Tesis 209401).

Ante tales circunstancias, donde por una parte se consideraba que para resolver la procedencia o no de la suspensión era necesario analizar si de manera sencilla se apreciaba la ilegalidad de la norma y por otra parte que ese análisis resultaría indebido, dieron origen a la contradicción de tesis número 3/95, donde conforme a los artículos 94 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, la teoría de la apariencia del buen derecho debía ser de observancia obligatoria en la suspensión de los actos reclamados, conclusiones que determinaron lo siguiente:

“De lo expuesto pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) La suspensión de los actos reclamados, participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

b) El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso.

c) Dicho requisito, aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida se requiere la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de tal modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en el amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado.

d) El examen de la aparente inconstitucionalidad del acto reclamado, encuentra además su fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho subjetivo que se dice violado.

e) En todo caso, tal examen debe realizarse sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, que sólo puede determinarse en la sentencia de amparo, con base a un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia del derecho.

f) Dicho examen deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.”

(Contradicción de tesis 3/1995. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Novena Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Página 17. 3574)

Finalmente, una ves resuleta la citada contradicción de tesis, dio origen a la jurisprudencia P./J. 15/96, misma que sostiene que basta con la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso para decretar la medida cautelar, ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo107, fracción X de la Constitución Federal, tal y como se transcribe a continuación:

“SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.

La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión.”

(Tesis P./J. 15/96. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996. Novena Época. Página 16. 200136)

Finalmente, el 25 de Abril de 2001, se publicó el “Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; donde se pretendía hacer modificaciones a la Ley de Amparo existente y se hacen importantes manifestaciones sobre la apariencia del buen derecho, mismo que transcribo a continuación:

“En cuanto a la suspensión del acto reclamado solicitado por el quejoso, se introduce una figura que se contempla en la reforma constitucional que es la referente a la apariencia de buen derecho. Esta figura, que ya ha sido reconocida por la jurisprudencia, implica un conocimiento preliminar del juzgador con el objeto de resolver acerca de la probable existencia del derecho discutido. El estudio previo que hace el juez tiene sin duda el carácter de provisional, ya que se funda en hipótesis de probabilidad y no en la certeza como sucede en la resolución de fondo. Con esto se lograría una eficaz y pronta protección de los gobernados frente a actos de autoridad arbitrarios y, al tiempo, se impediría la paralización de actos que en un primer análisis tienen apariencia de constitucionalidad o legalidad.”

De lo anterior, claramente podemos observar que la apariencia del buen derecho es uno de los presupuestos necesarios para poder decretar la suspensión del acto reclamado, en ese sentido, con la jurisprudencia antes transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó las bases para el proceder del juzgador ante la posible determinación de la procedencia o no de la suspensión del acto reclamado que se pusiera a su vista por los particulares.

  • ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONAL DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO?

La apariencia del buen derecho encuentra su origen en la misma Constitución Federal en el artículo 107, fracción X, que señala lo siguiente:

ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

(…)

X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.”

De lo anterior, es importante tomar en cuenta los apuntes hechos por Carlos Manríquez García, quien señala que las reformas que se le hicieron al artñiculo 107, fracción X de la Constitución Federal, tuvieron lugar para que la apariencia del buen derecho tuviera una mayor fuerza:

“En cuanto a la iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente de su exposición de motivos expresa:

f ) Una de las críticas más insistentes a la figura del amparo es el abuso que constantemente se hace de él. En realidad, el sentimiento negativo que dicho abuso genera en la sociedad se refiere principalmente a la materia de la suspensión y no tanto al otorgamiento del amparo en el fondo.

La sociedad demanda una institución que equilibre, por un lado, la paralización de un acto que posiblemente lesione garantías, pero por el otro, pondere el interés que la propia sociedad pueda tener para que dicho acto no quede suspendido. Actualmente, la fracción X del artículo 107 establece que dicha ponderación estriba en la naturaleza de la violación alegada, en la dificultad de reparar los daños y perjuicios que pudiera sufrir el quejoso con la ejecución o los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.

Se considera que dicho esquema debe ser modificado y que sería más adecuado que la ponderación girara entre dos aspectos fundamentales: la apariencia de buen derecho y el interés social. La apariencia de buen derecho es un concepto ya reconocido por la Suprema Corte de Justicia y constituye uno de los avances más importantes en la evolución del juicio de amparo en las últimas décadas. Cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis en cada caso particular de estos dos aspectos que le permitan otorgar la medida cautelar en los casos que así lo ameriten y no otorgarla cuando lesione el interés público o la sensibilidad social en el asunto. En ese sentido, la ley reglamentaria precisará los instrumentos con los que el juez contará para poder hacer este análisis ponderado, los debidos alcances de la suspensión y los mecanismos para su control.

(…)

Como se puede advertir tanto en el primer como en el segundo proyecto, redactados casi de manera idéntica, la figura de la apariencia del buen derecho, reconocido y consagrado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se retoma con el importante objetivo de elevarla a rango constitucional y legal.”

(La apariencia del buen derecho en el juicio de amparo mexicano. Carlos Manríquez García. Página 5. Consultado del siguiente link: https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/10/10_7.pdf )

De lo anterior, claramente se puede apreciar que las reformas al artículo 107 de la Consittución Federal, tuvieron la intención de elevar al rango constitucional a la apariencia del buen derecho.

Así mismo, lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente:

“Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

1.- Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado.

2.- Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y

3.- Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes.”

De lo anterior, la apariencia del buen derecho tiene su origen en la Constitución Federal y se materializa a través de la Ley de Amparo, en donde se señala que ésta es un presupuesto necesario para poder conceder la suspensión del acto reclamado.

  • ¿QUÉ ES LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO?

Con la emisión de la jurisprudencia P./J. 15/96 antes transcrita, podrás entender la importancia que tuvo ya que de manera interesante modificó toda la metodología que se seguía hasta antes de su emisión para decretar una posible suspensión del acto reclamado.

Por otra parte, y retomando un poco el tema sobre qué es la apariencia del buen Derecho, me gustaría que te quedaras con varias definiciones e interpretaciones hechas en algunas tesis, jurisprudencias y contradicciones de tesis hechas por nuestros Juzgadores:

1.- “LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO ES EL DERECHO LEGÍTIMAMENTE TUTELADO DE QUIEN SOLICITA SU SUSPENSIÓN, EXISTE Y LE PERTENECE AUNQUE SEA EN APARIENCIA” (DEFINICIÓN APORTADA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/95)

“Estos criterios, entre otros, de nuestro más alto tribunal están inspirados sin lugar a dudas, en el principio doctrinal fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, esto es, que el derecho legítimamente tutelado de quien solicita la suspensión existe y le pertenece, aunque sea en apariencia; así como en las palabras de Chiovenda de que `El tiempo necesario para obtener la razón no debe causar daño a quien tiene la razón’, es decir, si el particular tiene razón y de todos modos debe ir a tribunales para lograrla, esos años que se tarde en conseguirla, mientras dura el litigio, sus intereses deben estar protegidos por la suspensión, mientras se desarrolla un litigio en que pelea contra la administración pública para lograr que, a la postre, se le restituyan sus derechos.

Con base en esto, podemos afirmar que cuando un acto reclamado es inconstitucional en sí mismo, como podría ser la orden para torturar al quejoso, la suspensión se otorgará de inmediato para que cese o se suspenda el acto inconstitucional reclamado, cuando el acto no sea inconstitucional en sí mismo, como la orden de aprehensión, se concederá la suspensión cuando apreciando el acto y teniéndolo por cierto o presuntivamente cierto, las características que lo rodean lo hacen inconstitucional, como sería que dicha orden hubiese sido emitida fuera de procedimiento judicial por autoridad que carece de facultades para emitirla.”

2.- “LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO ES UN PRESUPUESTO QUE CONDICIONA LA ADMISIBILIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.” (DEFINICIÓN APORTADA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/95) 

“La apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Lo anterior obedece a que las medidas cautelares, mas que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra.”

3.- “LA APARIENCIAS DEL BUEN DERECHO ES EL EXAMEN QUE REALIZA EL JUZGADOR PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE UN INTERÉS Y TITULARIDAD DEL QUEJOSO PARA PROMOVER LA MEDIDA CAUTELAR DENOMINADA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.” (DEFINICIÓN APORTADA EN LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/95)

“No sucede lo mismo en relación con la suspensión a petición de parte. Si su objetivo es el de evitar perjuicios al agraviado con la ejecución del acto reclamado en tanto se resuelve la sentencia definitiva, la ley condiciona la concesión del beneficio a la voluntad del interesado. La petición de parte es un requisito de procedencia de la medida, y su examen implica generalmente el de la apariencia del derecho, que puede traducirse en el examen del interés o de la titularidad del quejoso para promover la medida. Efectivamente, en determinados casos se hace necesario un examen preliminar del derecho invocado para los únicos efectos de la suspensión.”

4.- “EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, IMPLICA LA POSIBLE EXISTENCIA DEL DERECHO DISCUTIDO EN EL PROCESO, BASTA LA COMPROBACIÓN DE DICHO PRINCIPIO PARA CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR.” (DEFINICIÓN APORTADA EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 15/96)

“… se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado…”

5.- “LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO IMPLICA QUE EL DERECHO LEGÍTIMAMENTE TUTELADO DE QUIEN SOLICITA LA SUSPENSIÓN EXISTE Y LE PERTENECE AUNQUE SEA EN APARIENCIA” (DEFINICIÓN OBTENIDA DEL CUADERNO DE LA SERIE DE DEBATES DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DONDE SE ANALIZÓ LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/95)

“Estos criterios, entre otros, de nuestro mas alto tribunal están inspirados sin lugar a dudas, en el principio doctrinal fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, esto es, que el derecho legítimamente tutelado de quien solicita la suspensión existe y le pertenece, aunque sea en apariencia; así como en las palabras de Chiovenda de que “El tiempo necesario para obtener la razón no debe causar daño a quien tiene la razón, es decir, si el particular tiene razón y de todos modos debe ir a tribunales para lograrla, esos años que se tarde en conseguirla, mientras dura el litigio, sus intereses deben estar protegidos por la suspensión, mientras se desarrolla un litigio en que pelea contra la administración pública para lograr que, a la postre, se le restituyan sus derechos.””

De las anteriores definiciones, podemos llegar a una propia, “La apariencia del buen derecho consiste en un elemento clave para decretar la suspensión del acto reclamado en un juicio de amparo, mismo que por su esencia, es un examen que el juzgador debe llevar a cabo para ponderar que previo al dictado de una sentencia definitiva, se protejan los derechos fundamentales que pudiesen ser afectados de manera irreparable y que el quejoso asegura tener.”

  • ¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO EN LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE UN JUICIO DE AMPARO?

La apariencia del buen derecho tiene una función muy importante en la suspensión del acto reclamado, pues junto con el análisis de la afectación al interés social, la apariencia del buen derecho es uno de los 2 elementos para decretar dicha medida cautelar.

Así, nuestros Tribunales Colegiados de Circuito han resuelto que la apariencia del buen derechoconsistente en dar eficacia a la suspensión como instrumento de preservación de derechos humanos y de la materia del amparo, pero sin que se lastime el interés social, cuya preservación igualmente se encomienda al Juez..”

(2006902. IV.2o.A.71 K (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Pág. 1105.)

DA CLIC AQUÍ SI DESEAS SABER MÁS SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 🙂

 

Si te gustó este artículo ¿QUÉ ES LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO?; comparte este artículo con todos tus amigos y las personas que consideres les puede ser de utilidad.

 

¡COMPARTE! TUS AMIGOS LO AGRADECERÁN 🙂

ARTÍCULOS QUE PODRÍAN INTERESARTE: 

Tags:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply